Nuevo modelo de residencia de mayores motivado por el COVID

MOCIÓN EN RELACIÓN CON UN NUEVO MODELO DE RESIDENCIA DE MAYORES MOTIVADO POR EL COVID

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El envejecimiento de la población y los cambios culturales y de forma de vida de las familias ha generado la expansión de las residencias de mayores. La Crisis del COVID-19, ha hecho salir a la luz las carencias del modelo residencial de nuestro Estado. Este virus ha impactado gravemente sobre nuestras Residencias de Mayores.

Según Informe Alerta Covid de 26 de Enero de 2021, BOJA no 19, los casos confirmados en la provincia de Málaga institucionalizados en Residencias de Mayores es de 1529 residentes, ascendiendo el número de fallecidos a 242.

Eso significa, que según estos datos oficiales el 25,82% de las muertes por el virus, son personas que se encuentran en Residencias de Mayores, cuando se registraban 937 fallecidos el 26 de enero, para el pasado fin de semana ya se superaban los 1000. Son 123 las Residencias de Mayores registradas en la Junta de Andalucía a fecha de 28 de enero de 2019, dónde sólo 14 de ellas son de titularidad pública, 3 de la Junta de Andalucía, San Carlos y La vega de la Diputación provincial de Málaga, y de diversos Ayuntamientos de la provincia. Por lo que el 87% de las Residencias en nuestra provincia son privadas, dejando al descubierto la mercantilización de los cuidados frente a la calidad del servicio y la dignidad en la atención de nuestros y nuestras mayores, puesto que el mayor número de contagios y brotes se producían en estos centros.

Los buenos datos del verano, cuando estos centros llegaban a estar libre de coronavirus, ya desaparecieron con la segunda ola de la pandemia, encontrándonos en estos momentos en la tercera ola de contagios. Tras los meses de verano empezaron a proliferar nuevos brotes que afectaron en torno a una veintena de Centros de la provincia de Málaga. De esos brotes algunos

llegaron a alcanzar el centenar de internos contagiados. En definitiva el coronavirus ha desnudado las vergüenzas de los Centros Residenciales para personas mayores y ha dejado al descubierto el insostenible modelo de cuidado de personas mayores.

Antes de que llegara la emergencia sanitaria, ya se habían producido denuncias respecto al modelo de residencias, entre ellas la desigualdad entre regiones, la falta crónica de personal, la precariedad laboral fruto del escaso valor que se le da al trabajo de cuidados y la escasez de recursos. La crisis del coronavirus no ha hecho más que poner sobre la mesa todos estos problemas, que se han agravado con la crisis sanitaria, poniendo al límite los recursos humanos y materiales con que cuentan estos centros.

Las Instituciones públicas deben garantizar el derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de nuestra constitución, que establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.” Y para ello es necesario tener transparencia, y ofrecer una buena gestión de la información, por parte de las Comunidades Autónomas.

En definitiva, se ha constatado durante esta crisis la necesidad urgente de repensar el modelo de residencia de mayores, ya que sus carencias no solo tienen que ver con las privatizaciones o con la falta de recursos económicos y humanos, estos centros se encuentran muy lejos de parecerse a un hogar, a un lugar como vivir como en casa.

Según el Defensor del Pueblo Andaluz se ha mostrado partidario de priorizar la “economía de cuidados”. “Hay que encontrar un equilibrio con prioridad en la salud, pero se puede alcanzar una economía de cuidados, con especial atención a la población de mayores, para comprender sus problemas de soledad, aislamiento, desfase con la tecnología, y dentro de ello, analizar que los mayores están todavía más solos fuera de su casa, en las Residencias” ha subrayado el Defensor.

Merece la pena advertir que los efectos del coronavirus han provocado una re-medicalización de los centros de cuidados. Aunque la actual emergencia sanitaria exija esta medicalización, las residencias no pueden transformarse en un modelo sanitario institucional donde las personas pierden el control de sus vidas y no son el centro de cuidado. El nuevo modelo debe garantizar la seguridad, la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas residentes y cuidar de que los centros no se conviertan en unos centros hospitalarios sino que se mantengan fieles al lema “vivir como en casa”.

Por todo ello, el Grupo de Adelante Alhaurín de la Torre eleva para su debate y aprobación si procede los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.: Instar al Gobierno Central y Autonómico a impulsar un sistema de residencias pública, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el tercer sector sin ánimo de lucro o con la comunidad (modelo cohousing), entendiendo que el sistema de cuidados de personas mayores debe ser un Modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP) que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y proporcione unos servicios adaptados a las necesidades de las personas. Las Residencias deben tender a ser un lugar donde sea vivir como en casa.

SEGUNDO.: Instar al Gobierno Central, Autonómico y Provincial a que garanticen una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, aplicando un modelo de cuidados que respete la autonomía, dignidad y preferencias de cada persona.

TERCERO.: Instar al Gobierno Autonómico y Provincial a que asegure la transparencia en la gestión de los servicios residenciales y reforzar los mecanismos de inspección y control necesarios facilitando información a todos los grupos políticos.

CUARTO.: Instar al Gobierno Central, a elaborar en coordinación con las comunidades autónomas, un Programa de Acreditación de Calidad de Residencias de Mayores, que permita garantizar una atención digna a las personas mayores.

QUINTO.: Instar al Gobierno Autonómico y Provincial a revalorizar y dignificar el trabajo de cuidados, garantizando a las trabajadoras de las residencias un salario adecuado, cobertura de bajas y vacaciones, condiciones de seguridad y dotado con todos los medios de protección necesarios.